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El caso de presunto conflicto de intereses en la Municipalidad Provincial del Callao tomó un giro inesperado este lunes, cuando el Concejo de Regidores declaró improcedente la petición de vacancia presentada por el abogado Humberto Enrique Pejovés Macedo contra el alcalde Pedro Carmelo Spadaro Phillips y el primer regidor César Gastón Pérez. La decisión, adoptada en sesión extraordinaria, se basó en un tecnicismo: la supuesta falta de residencia de Pejovés en el distrito de Carmen de La Legua Reynoso, a pesar de que el letrado presentó un contrato de alquiler como prueba de domicilio. Ante esta “traba procesal”, el líder social Fernando Francisco Murga, residente en el Callao, anunció que impulsará una nueva solicitud con idénticos argumentos, sumándose a una ola de denuncias que incluye dos peticiones adicionales retiradas de manera sospechosa por sus proponentes.
La resolución del Concejo, que se realizó a las 10:00 a.m. en la sede municipal, generó indignación entre adherentes y observadores, quienes la calificaron de “maniobra dilatoria” para proteger a las autoridades acusadas de irregularidades en contratos por S/ 152,000 a empleados de la empresa Glamour & Style Salon SPA SAC, ligada a sus intereses. Pejovés Macedo, quien asistió a la sesión, reiteró que su domicilio está acreditado y que apelará la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si es necesario. “No nos detendremos por formalismos; el fondo del asunto es la corrupción en el uso de fondos públicos”, declaró el abogado tras la audiencia.
El rechazo por residencia: Un obstáculo evitado con nuevo peticionario
Durante la sesión, los regidores argumentaron que Pejovés no cumple con el requisito de residencia en la provincia para formular la petición, ignorando el contrato de alquiler presentado como evidencia. Esta causal, prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, ha sido usada previamente en casos locales para desestimar demandas ciudadanas. Sin embargo, para sortear esta barrera, Fernando Francisco Murga –conocido líder social y exaspirante a regidor por Carmen de La Legua– intervino anunciando su intención de refilar la moción. Francisco, quien reside en el distrito y ha participado en sesiones previas del Concejo, respaldó los mismos fundamentos: incompatibilidad por contratos irregulares y posible peculado doloso (artículo 387 del Código Penal).
Francisco, adherente inicial de la petición de Pejovés junto a figuras como George Carrillo Reyes Inca, enfatizó que “el pueblo chalaco no permitirá que se escape la justicia por tecnicismos”. Su anuncio fue aplaudido por un grupo de simpatizantes que escoltaron a los impulsores fuera del recinto, custodiados por la Policía Nacional ante la presencia de seguidores del alcalde.
Adicionalmente, la sesión reveló sombras sobre otras dos solicitudes de vacancia contra Spadaro Phillips y Pérez, presentadas por ciudadanos independientes en las últimas semanas. Ambas fueron retiradas abruptamente por sus proponentes, lo que generó sospechas de presiones o acuerdos extrajudiciales. Fuentes cercanas al Concejo indicaron que los retiros ocurrieron “de manera sospechosa”, sin explicaciones públicas, avivando rumores de interferencia política en un contexto de creciente tensión en la provincia.
Los contratos bajo la lupa: Pagos millonarios a “asesores” de la empresa
La petición original, de 28 páginas y foliada como N° 2024-0341-VC, detalla el presunto conflicto de intereses en la empresa Glamour & Style Salon SPA SAC, donde Sindel Estefania Spray Palomino (gerente general) y Julio César Chanamé Bedón (administrador) –vinculados a los acusados– recibieron órdenes de servicio por locación de servicios en gerencias municipales. Estos pagos, sin licitación aparente, suman S/ 152,000 entre 2023 y 2025, según reportes del OSCE.
A continuación, un resumen de los pagos documentados:
| Contratista | Período Cubierto | Número de Órdenes | Monto Total (S/) | RUC |
|---|---|---|---|---|
| Sindel Estefania Spray Palomino | 2023 (Mayo-Ago) + 2025 (Ene-Abr) | 6 | 36,000 | 10472316791 |
| Julio César Chanamé Bedón | 2023 (Mayo-Dic) + 2024 (Ene-Dic) + 2025 (Ene-Ago) | 21 | 116,000 | 10440923921 |
| Total General | 2023-2025 | 27 | 152,000 | – |
Fuente: Reportes OSCE adjuntos a la petición.
Pejovés Macedo resalta las inscripciones registrales (partida electrónica N° 7073562 del 22 de febrero de 2022 y modificación del 17 de julio de 2023), que vinculan directamente a los empleados con los funcionarios. “Estos no son asesores independientes, sino empleados de una empresa que opera como fachada para pagos irregulares”, afirma en el petitorio.
Fundamentos legales: De la incompatibilidad al peculado
La moción se ampara en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), invocando causales de inhabilidad, y en el artículo 63, que prohíbe contratos con terceros relacionados. Se citan precedentes del JNE, como la resolución 171-2009-JNE y el Expediente 448-2020-JNE, que equiparan conflictos de intereses a delitos graves. El peculado doloso, con penas de hasta ocho años, se agrava por montos superiores a 10 UIT (S/ 53,500).
Pruebas incluyen extractos registrales, reportes de El Comercio y un recibo notarial del 20 de agosto de 2025 por S/ 82, que certifica la entrega al Concejo.
Reacciones y próximos pasos
Ni Spadaro Phillips ni Pérez han comentado públicamente, pero aliados municipales defendieron la improcedencia como “cumplimiento estricto de la norma”. Francisco planea presentar su solicitud en los próximos días, solicitando sesión urgente.
Este episodio se enmarca en denuncias por corrupción en el Callao, similar a casos en Nicolás de Piérola (Arequipa), resueltos por el JNE. Expertos advierten que podría escalar a la Fiscalía Anticorrupción. Pejovés Macedo y Murga han convocado a una concentración ciudadana para el viernes, exigiendo transparencia. El Callao, en ebullición, espera: ¿logrará la nueva moción derribar la “red de contratos cuestionables” o se repetirá el bloqueo?